En el 2017, Camila, una niña de 13 años, dejó de asistir a su colegio por constantes mareos y dolores de cabeza, producto de un embarazo no deseado. Fue entonces que le contó a su madre que su padre la violaba desde los nueve años.
Camila y su madre presentaron una denuncia por violación en la comisaria, y luego acudieron a un centro de salud alejado de su comunidad donde les confirmaron los meses de gestación, le recetaron ácido fólico y le pidieron que acudiera a sus controles prenatales. Pese a que era una adolescente víctima de abuso sexual, ningún médico le informó sobre su derecho al aborto terapéutico, ya que, al quedar embarazada a tan corta edad, ponía en riesgo su salud. Camila siguió con sus controles en un centro de salud de su comunidad, quienes se limitaron a continuar con la atención prenatal. Incluso una enfermera la visitó varias veces en su casa para obligarla a seguir los controles de su gestación. En una de estas ocasiones acudió acompañada de un policía y sus vecinos terminaron por enterarse de lo que le había sucedido. Esto hizo que Camila dejara el colegio y entrara en una profunda depresión. “Me quiero morir”, le dijo a su madre en un momento de crisis.
Preocupada por el estado de salud de Camila, una persona cercana a su familia asesoró a su madre para que la adolescente reclamara su derecho al aborto terapéutico. El 13 de diciembre de 2017, su mamá solicitó la interrupción voluntaria del embarazo de Camila por indicación terapéutica en el hospital Guillermo Díaz de la Vega, pero su solicitud nunca obtuvo respuesta.
El 16 de diciembre, a las 13 semanas de gestación, Camila terminó teniendo un aborto espontáneo. Ese fue el inicio de una nueva pesadilla para la niña, pues una fiscal tomó conocimiento de lo sucedido y, pasó de víctima a victimaria, siendo investigada por el delito de inducción del aborto y se le considero una adolescente infractora.
La madre de Camila presentó una queja administrativa ante la Superintendencia Nacional de Salud por irregularidades en la atención de un embarazo forzado de alto riesgo y por la indiferencia ante su solicitud de acceso al aborto terapéutico, pero tampoco consiguió justicia. En marzo de 2018, las abogadas del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), asumieron la defensa de la adolescente e iniciaron una serie de procesos judiciales y administrativos que lograron que Camila quede libre de la persecución en su contra. En julio del 2019, la causa por aborto inducido fue archivada. Después de sentirse frustrada por la indiferencia de las autoridades locales, Camila aceptó presentar el informe del caso ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Esta es la primera vez en la historia del Perú que un caso de abuso sexual contra una niña es presentado ante esta instancia.
Esta denuncia busca que el Estado peruano permita el aborto terapéutico y desarrolle los procedimientos que garanticen la atención integral de las niñas embarazadas por una violación sexual. El caso sigue su curso y se espera que se gane, y se haga saber la falta de compromiso de parte del gobierno e instituciones responsables para este tipo de casos.
El caso de Camila es uno de los tantos casos que se presentan cada año en el país. En lo que va del 2020, se han presentado 733 casos de niñas y adolescentes que han sido madres tras una violación sexual. 19 de estos partos fueron de niñas menores de 10 años. Ellas son víctimas de la falta de información y la poca empatía de las instituciones del Estado. A pesar de que el Estado ya ha sido interpelado por instancias internacionales en casos similares, hasta hoy sigue sin establecer estándares judiciales y de salud adecuados, para que las niñas no sean revictimizadas cuando necesitan acceder a servicios de salud que puedan garantizarles su derecho a una adecuada atención, en el marco de la Guía de atención del protocolo de aborto terapéutico.
El Estado sigue teniendo una deuda pendiente con todas ellas, por ello nos corresponde ayudar desde donde estemos, denunciando este tipo de casos y apoyando con información si conocemos a alguien que esté pasando por lo mismo. Tenemos derechos que deben ser respetados y que debemos exigir que se cumplan.
¿Conoces algún caso similar?
Si eres testigo, conoces algún caso, o sufres de maltrato en el cual se presuma la vulneración de los derechos fundamentales de una niña, niño o adolescente, puedes llamar gratuitamente a la Línea 1810 y hacer tu denuncia.
También puedes hacerlo a través de comisarías, la DEMUNA y la Línea 100 o en las oficinas de la Dirección de Protección Especial.
De igual modo puedes contactarnos mediante nuestra línea Aló Mujer al 924 495 414, donde te ofrecemos orientación psicológica por medios virtuales.
